“Decidle al Emperador que se arrodille y pida perdón”. 3ª Parte: Responsabilidades y vindicaciones

En anteriores artículos hemos hablado de quienes fueron las ianfu, o mujeres de confort y de cómo sus testimonios fueron saliendo a la luz. Dentro del relato oficial, hemos visto como los revisionistas japoneses han intentado desde todos los prismas eximir a las autoridades imperiales de culpabilidad alguna en la creación y mantenimiento de los burdeles imperiales. Una de las argumentaciones con las que cuentan es la inexistencia de procesos judiciales durante la posguerra, ya que el asunto ianfu como algo estructural nunca estuvo entre los intereses del Tribunal de Tokio.[1] Sí que es cierto que hubo condenas por pillaje y violaciones, especialmente en la zona de Filipinas, pero sólo un auto sobrevivió, en el cual los tribunales nipones condenaban a siete oficiales y cuatro encargados de un burdel por comportamientos indebidos. Lejos de suponer un motivo para llevar a cabo más investigaciones y procesos judiciales, los propios revisionistas se escudaron en esta resolución para argumentar que las propias autoridades imperiales velaban por un trato justo y dentro de los márgenes legales, y que por tanto el sistema de burdeles estuvo salvaguardado y no existieron atropellos o crímenes de guerra dentro de él. Pero, ¿qué sucedió para que en la posguerra no se acusara a nadie más en ningún otro tribunal? ¿sabemos quiénes se beneficiaron realmente del sistema ianfu? Y lo más importante, ¿podemos decir que a día de hoy alguna de las víctimas ha sido compensada oficial o judicialmente?

Ya hemos hablado de cómo el asunto ianfu fue usado como legitimador por el régimen surcoreano. Durante la dictadura de Park Chung-Hee se firmó el Tratado de Relaciones Básicas entre Japón y Corea, el cual les permitía ser beneficiarios de las compensaciones por afrentas durante la guerra (Corea no había formado parte de los firmantes del Tratado de San Francisco, donde se ponía fin al régimen imperial nipón). Japón se defendió de quienes le acusaban de no enfrentarse a sus crímenes pretéritos alegando que en este tratado ya compensaba a las víctimas de la guerra. Pero las mujeres de confort estuvieron totalmente fuera de ninguna compensación.

Asimismo, la situación de dictadura militar que vivirá Corea del Sur hasta finales de los 80 impedirá gran parte de las protestas, por lo que habrá que esperar hasta el 90 para que Yun Chung-Ok publique el primer artículo sobre las ianfu, en el Hankyoreh, el primer periódico del país auténticamente libre de injerencias políticas. El tema crecería en popularidad, especialmente tras una discusión en la que un miembro de la Dieta afirma que eran empresarios privados los que se encargaban de las estaciones de confort. El mismo año se funda el Chong Dae Hyup (Consejo Coreano de Mujeres Reclutadas como Esclavas Sexuales por los Militares Japoneses), recogiendo las reivindicaciones de treinta y siete organizaciones de mujeres en las que establecen seis demandas: reconocer que hubo coacción en el reclutamiento, emitir una disculpa pública, iniciar una investigación en condiciones, construir un monumento a las víctimas, compensarlas económicamente y, por último, establecer programas educativos que conciencien acerca de lo sucedido. Casi al mismo tiempo, Kim Hak-Sun se convertía en la primera en salir a la luz pública y presentar una demanda al gobierno japonés.

En ese momento, también se descubrieron 127 documentos del ejército japonés y el Ministerio de defensa y asuntos exteriores, cuyo estudio acabó derivando en la futura Declaración de Kono. Algunos de los documentos más claros que nos han sido legados son las llamadas “Reglas y regulaciones” de diversas estaciones de confort en Birmania: el de la unidad 3629, datado en 1942, y el publicado por el cuartel general de Mandalay el 26 de mayo de 1943. En estos papeles se estipulan precios, horas disponibles y usos y delimitaciones que dejan muy claro las prerrogativas e influencia del ejército sobre estas estaciones de confort. Incluso las tarifas se amoldan a los diferentes estatus militares.

Es interesante el caso de Birmania ya que esta era colonia británica antes que japonesa, y el Tenno del crisantemo, como en muchos otros territorios arrebatados a potencias occidentales, se presentaba como una fuerza descolonizadora y liberadora de la tiranía del hombre blanco. Por tanto, se realizaban confiscaciones de tierras, fábricas y posesiones privadas de las ex-metrópoli. Estas eran llevadas a cabo por la autoridad imperial, pero se hacían muchas veces en beneficio de empresas niponas como la Cooperativa Distribuidora de Bienes de Birmania, un zaibatsu que monopolizará productos como sal, azúcar, carbón o tabaco. Similar situación se producirá con la Compañía Colonizadora de Taiwán (compañía semigubernamental que incluía a miembros de Mitsubishi), o la de la isla de Hainán (China). Estas dos últimas sabemos que participaron de la organización de burdeles pero que contaron con el beneplácito de los militares, pues está documentada la reunión que mantienen con el gobernador de Taiwán en 1939 para el reclutamiento de prostitutas, tarea que estos zaibatsu consideran inapropiada llevarla cabo por sus propios medios y acaban delegando en la subsidiaria Fukudai y en los propietarios privados de los burdeles. Carecemos de datos exactos que aclaren el nivel de implicación y beneficio que obtuvieron estas iniciativas empresariales, pero está claro que la colaboración pública y privada era imprescindible para sacar el sistema de estaciones de confort adelante.

Nunca nadie ha señalado o denunciado a alguna de estas empresas como responsables, organizadoras o beneficiarias de un sistema que se considera de esclavitud sexual. Por desgracia, al haber sido llevado el debate al ámbito del pulso diplomático entre países, demasiadas veces se ha perdido el foco en las víctimas y en quienes causaron sus penurias. Los intereses partidistas han eclipsado la justicia, que se ha mostrado inoperante en su vertiente institucional, y la instrumentalización del sufrimiento de quienes fueron forzadas a prostituirse ha sido usado como fuente de presión electoral o geopolítica. Especialmente en EEUU, quienes, quizás sabiéndose responsables de crímenes de calibre comparable. No por nada sus marines contaron con estaciones de confort propias en Corea y Japón durante la posguerra. Por no hablar de la cantidad de violaciones de las que han sido acusadas sus tropas en Okinawa o las compensaciones por malos tratos que exigen docenas de prostitutas entregadas al ejército yankee en Corea del Sur.

Portada satírica del Newsweek, donde Obama es el árbitro entre las disputas de los tres gigantes asiáticos

En una zona de alto conflicto con sus máximos rivales (Rusia, China y Corea del Norte), mantener a sus dos aliados estratégicos unidos es primordial para el gobierno estadounidense, y durante años han influenciado la política exterior de ambos países para conseguir un equilibrio en la zona. No por nada Obama ha sido el principal instigador de la reconciliación entre los dos gigantes asiáticos, y quien consiguió reunir a Abe y la por aquel entonces presidenta surcoreana, Park, en la Cumbre por la seguridad nuclear en Washington, tras haber pasado tres años sin verse las caras. Pero el asunto viene ya de lejos, con Walt Rostow, miembro del US Policy Planning Council, el cual fue encargado de presionara Corea para normalizar las relaciones con Japón en 1965. En su libro Etapas para el Crecimiento Económico: el Manifiesto No-Comunista, reconoce la necesidad de crear un bloque capitalista poderoso entre Corea y Japón focalizado en la exportación, que ayudara a fomentar la idea de la superioridad capitalista, y admite que habrá que lidiar con resistencias en ambos países. Otra figura destacada ha sido Mike Honda, republicano de ascendencia nipona que en la década pasada ha hecho bastante campaña para sacar a la luz el conflicto de las ianfu. Suya es la Resolución 121 Cámara de los Representantes en 2007, según la cual el gobierno japonés debe disculparse oficialmente, aceptar responsabilidades históricas y educar a las futuras generaciones siguiendo las recomendaciones de la comunidad internacional. Honda, diputado por California, pasó su infancia en un campo de internamiento y fue líder del distrito con mayor concentración asiática del país, por lo que la promoción de la memoria histórica para los afectados por el imperialismo japonés le dotaba de gran apoyo popular.

Otra importante polémica que ha llegado desde la lucha por la memoria en EEUU ha sido la constante construcción de monumentos y estatuas en honor a las mujeres de confort. La primera fue inaugurada en Palisades Park en Nueva York en 2012, y tras ella han venido hasta siete más por distintos puntos de la geografía, algunas de ellas, sufriendo el boicot y las protestas de japoneses asentados en el país americano. Incluso el gobierno de Japón ha llegado a retirar sus embajadores y a demandar que estas estatuas violan la Convención de Viena al perturbar las relaciones internacionales. Pero lo cierto es que este es el principal método de vindicación de las víctimas de la prostitución militar, y desde hace treinta años los memoriales han florecido por distintos países, desde países que fueron ocupados por el imperio nipón (Filipinas o China), hasta Australia, Canadá o incluso una en Wiesent, ciudad alemana hermanada con la coreana Suwon. Existen más de cuarenta estatuas por todo el globo, casi todas basándose en el modelo de la primera, erigida en el lugar donde, cada miércoles, desde hace más de  veinte años, se reúnen para protestar las supervivientes: la embajada nipona en Seúl. Conocida como la sonyeosang (“niña sentada”) e inaugurada en 2010, la estatua es obra de un matrimonio de artistas coreanos. Pero la sonyeosang ha traído amargas disputas, y tras el último y supuestamente definitivo acuerdo que se había alcanzado a finales del 2015, permanece como el mayor escollo diplomático, ya que Japón se niega a llevar a cabo lo firmado hasta que no se retire.

Y por su parte, ¿qué ha hecho Japón para mostrar su arrepentimiento como colonizadores y perpetradores de crímenes de guerra? Aunque muchos países han criticado su falta de compromiso, algunos pasos se han dado para compensar lo acontecido en el periodo imperial. Especialmente, tras las movilizaciones encabezadas en los noventa por el Chong Dae Hyup, y tras la llegada de los socialdemócratas por primera vez al poder en 1993 y con la presidencia de Tomiichi Murayama, célebre por el discurso “En ocasión del cincuenta aniversario del fin de la guerra”, el cual muchos consideran lo más cercano a unas disculpas oficiales jamás emitidas. Durante su gobierno se creó un gabinete presidido por Yohei Kono, el cual realizaría una declaración que llevará su mismo nombre, un documento emitido en el 1993, aceptando la responsabilidad del gobierno japonés en la creación y mantenimiento del sistema ianfu. No obstante, para la creación de esta Declaración de Kono nunca se tendrá en cuenta la opinión ni el estudio de ninguna otra fuente o experto que no fuera japonés, y aun así, políticos como el propio Shinzo Abe, intentarán años más tarde reinterpretarla y menoscabarla sin éxito. También en esta época se crea, por parte del ejecutivo nipón, la Fundación de Mujeres Asiáticas, una institución con el objetivo de compensar económicamente a algunas de las víctimas, las cuales, sin embargo, no compartirán la misma consideración hacia esta fundación. Si bien algunas aceptarán el dinero donado (unos cinco millones de yenes que equivaldrían a 42000$), muchas otras considerarán que no es justa la procedencia de estos fondos, ya que no eran públicos sino que provendrían de donaciones privadas, y por tanto, estarían eximiendo al gobierno japonés, el cual además, con este movimiento pretendía dejar sin contestar gran parte de las reivindicaciones que las coreanas venían exigiendo durante todos esos años. Finalmente, la Fundación de Mujeres Asiáticas se disolvería el 31 de marzo 2007.

Hasta aquí los pasos dados por el país perpetrador para enmendar su culpa. No solo las víctimas no los han considerado suficientes para zanjar el asunto, sino que además tendríamos que señalar la cantidad de veces que Japón ha engendrado una visión revisionista o negacionista del asunto, o las que ha puesto trabas a la recuperación de la memoria histórica. Especialmente activos han sido Shinzo Abe y la Sociedad Para la Diseminación de Hechos Históricos, a la cual el actual presidente se encuentra fuertemente vinculado.

Más allá de protestas o boicots como los llevados a cabo a las estatuas de las ianfu, posiblemente el episodio más célebre fue el que sucedió durante la celebración de los juicios populares conocidos como el Tribunal internacional de crímenes de guerra contra mujeres, que tuvieron lugar en diciembre del 2000 y congregó a expertas legales, feministas, participantes de tribunales en crímenes de género como los de Yugoslavia o Rwanda (los primeros que juzgaron el tema de la violencia sexual). Fueron ocho los demandantes (las dos Coreas, China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Timor Oriental, Malasia y Holanda) y sólo dos los japoneses que acudieron a testificar, ambos ex-soldados. Los resultados, publicados en La Haya al año siguiente, dieron en condenar por primera y única vez a Hirohito como responsable último de los crímenes de guerra. El estado japonés no sólo no participó en él, sino que incluso fue acusado de censurar la retransmisión del mismo por el canal público NHK, el cual tuvo que recortar en cuatro minutos lo emitido, supuestamente bajo presiones del gobierno nipón y de Abe y su partido, el PLD, los cuales señalaban al tribunal como una “farsa pro-norcoreana”.

Y esta no fue la única vez que el PLD se ha visto salpicado por el escándalo del negacionismo o la censura, pues existía el precedente del ex-primer ministro Nakasone, quien en sus memorias de 1978 hablaba de como tuvo que establecer una estación de confort para mantener a raya el comportamiento salvaje de sus soldados, entregados a violaciones en masa, negó años más tarde, cuando accedió a la presidencia el haber escrito nada de lo publicado en aquel libro. Toru Hashimoto, alcalde de Osaka y fundador del Partido de la Restauración (aliado usual del PLD) ha salido a la palestra en más de una ocasión defendiendo la tesis de que no existió esclavitud sexual sino prostitución voluntaria. Y sivamos más allá de lo estrictamente institucional, podemos destacar las movilizaciones de organizaciones ultranacionalistas que llegaron a pedir el seppuku del presidente después del acuerdo de 2015 por considerarlo una deshonra para el país.

En el campo judicial tampoco ha conseguido Japón compensar a las víctimas. Ninguna de las demandas interpuestas en sus tribunales han llegado a nada: algunas de las demandantes, como Kim Hak Soon murieron antes de que las sentencias fueran dictadas, y las apelaciones que se llevan realizando durante años tampoco han conseguido resultados visibles. Más allá, se ha intentado, también sin éxito, llevar el caso a tribunales extranjeros de diversos modos, pero el estado japonés no ha reconocido la validez de esos juicios escudándose en que no tenían jurisdicción sobre suelo japonés. El último movimiento legal ha sido la demanda al propio estado surcoreano, considerando que el acuerdo de 2015 no tuvo en cuenta a las víctimas y se queda muy escaso a la hora de exigir a Japón una compensación simbólica y económica, a la vez que pasa por encima la responsabilidad nipona a la hora de tomar partido en la recuperación de la memoria histórica.

Los movimientos llevados a cabo en China o Filipinas han sido todavía menos mediáticos y exitosos. Las ianfu chinas apenas han contado con apoyo de su propio gobierno y a las filipinas, a pesar de haberse organizado de modo similar a las coreanas, dentro de la Liga de Mujeres Filipinas, les ha acontecido algo similar. Dentro de los pulsos geopolíticos, la influencia de este asunto no ha sido tan importante para estos gobiernos, por lo que no se han preocupado por el destino de sus ciudadanas tanto como deberían haberlo hecho. Nuevamente, las más desprotegidas siguen siendo las más abandonadas por las instituciones que deberían velar por ellas, y a día de hoy cada vez son menos las supervivientes que quedan para poder contar su historia y reivindicar justicia.

Otros organismos internacionales, como la ONU, han sido lentos e inoperantes en demasiadas ocasiones. El establecimiento de la violación y la esclavitud sexual como crimen de guerra no se da hasta el Tratado de Roma, en 1998, el mismo año que se escribe el Informe McDougal, primera investigación internacional sobre el sistema ianfu, el cual, no obstante, estaba plagado de erroresal incorporar testimonios poco fiables como el de Yoshida, y su influencia acabó por ser contraproducente y muy criticada por los sectores conservadores de Japón.

Un poco más acertada fue la conferencia de Ginebra para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (abreviada CEDAW) en febrero de 2015, donde se establecía que sólo las mujeres que sufrieron esclavitud pueden considerar el asunto como zanjado. Esto despertó las quejas del gobierno del país del sol naciente, del cual algunos miembros salieron a la palestra acusando al tribunal de propagandístico y antijaponés, y volvieron a reiterar que la implicación de los militares en los burdeles nunca estuvo relacionada con la abducción o la coacción de mujeres.

El último movimiento se dio con la incorporación de 2700 documentos, procedentes de archivos oficiales del imperio, de las tropas aliadas y de sentencias judiciales, al Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, en junio de 2016, con la idea de reunir en un sólo cuerpo toda la información que se tiene al respecto del sistema ianfu y aclarar las responsabilidades de una vez por todas. El ministro de exteriores nipón, Fumio Kishida declaró: “estudiaremos los contenidos, pero creemos que la información es defectuosa porque excluye al gobierno japonés de su evaluación”.

Como vemos, la polémica está lejos de cerrarse aún. Tras la destitución de Park Geun Hye como cabeza del gobierno surcoreano, su sustituto en el Ministerio de exteriores, Kang Kyung-wha, ha declarado que piensa revisar el tratado y acercarse a la visión que las víctimas tienen del mismo. Veremos qué sucede en los próximos meses y si la irreversibilidad de aquel acuerdo era tal o, por el contrario, aún queda tiempo para que, como reclamó una vez una ianfu llamada Lee Yong Soo, “el emperador se arrodille y pida disculpas”.

Estatua de la Paz enfrente de la embajada japonesa en Seul, con numerosas ofrendas a sus pies

Notas:

[1] Conocido como Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el cual llevó a cabo los principales casos contra el gobierno japonés.

[2] Conglomerados financieros a modo de trust o holding, normalmente agrupados en torno a una familia, que tuvieron su origen en la era Meiji con la industrialización del país.

Hector Tome Mosquera (15 Posts)

Se licenció en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, afincado ahora en Barcelona, donde colabora con diversos proyectos literarios, periodísticos y políticos.