Yakuza: la caída de una de las mafias más grandes y temidas del mundo – Parte II

El pasado 24 de agosto, el jefe de la quinta generación del sindicato Kudo-kai, Satoru Nomura, fue sentenciado a pena de muerte por su implicación en el asesinato a tiros, en febrero de 1998, de Kunihiro Kajiwara, un antiguo líder del sindicato de pescadores de la ciudad de Kitakyûshû. También había sido acusado de otros tres cargos de tentativa de asesinato: el asesinato a tiros de un policía jubilado en 2012, el apuñalamiento de una enfermera en 2013 y el apuñalamiento de un dentista en 2014.[1]

Este caso es de vital relevancia, pues, si la sentencia no es revocada por ningún tribunal superior, sentará un precedente jurisprudencial histórico, ya que a pesar de que el historial de la Yakuza ha llegado a ser bastante violento durante las siete décadas anteriores, nunca se había condenado a muerte a un jefe de la banda. Esta sentencia fue posible gracias a las revisiones de la ley contra el crimen organizado, que hicieron a los jefes de las bandas legalmente culpables de los delitos cometidos por sus subordinados.

Satoru Nomura, en las inmediaciones de la Prefectura de Policía de Fukuoka, en Japón.

En la primera parte de esta serie de artículos vimos como la Yakuza está presente en muchas de las actividades económicas del país nipón, pero poco a poco han ido perdiendo su influencia y su poder y, como ya mencionamos, una de las razones principales de este declive han sido los esfuerzos del gobierno japonés para poner fin al crimen organizado. En esta segunda parte nos centraremos en analizar las medidas que se han tomado para controlar la actividad de la mafia japonesa y qué efectos han tenido en esta organización criminal.

Bôryokudantaisakuhô o Bôtaihô

Como cabe esperar, cada país tiene su propia regulación contra el crimen organizado y cada una de ellas sigue modelos diferentes. Por ejemplo, en Italia se apostó por las leyes contra el crimen organizado que se basan en la destrucción de la estructura del grupo y en el daño en el estatus social de la mafia. Y el hecho de que la Cosa Nostra se haya vuelto cada vez más invisible y que muchos jefes estén dispuestos a colaborar con tal de ablandar las duras penas de cárcel, indica que la legislación adoptada por Italia parece estar dando sus frutos.

Al contrario que el modelo italiano, Estados Unidos decidió centrarse en las empresas y las actividades que derivan de estas. Este modelo es más complicado que el anterior y por esa razón necesita una mayor fuente de recursos. Sin embargo, como punto positivo, puede adaptarse a un gran rango de diferentes grupos y redes criminales.

Otro modelo que puede mencionarse, a modo de ejemplo, es el “modelo de visibilidad” empleado en Australia. Los australianos basan sus políticas criminales en la visibilidad de la amenaza, por lo que los grupos criminales no son perseguidos constantemente, sino cíclicamente. Es decir, son perseguidos cuando la actividad de la organización se vuelve visible o cuando su represión coincide con la agenda política.

En el caso de Japón, el problema con el que se encuentran es hacerle frente a un grupo que es de facto una organización legal. Las primeras leyes japonesas contra la Yakuza fueron introducidas en el año 1991 cuando el gobierno japonés creo el borrador de la Bôryokudantaisakuhô (Ley de Contramedidas contra el Crimen Organizado)[2] o, de forma abreviada, Bôtaihô, debido a los múltiples incidentes violentos ocasionados por una guerra interna en el clan Yamaguchi-gumi. Asimismo, la sucesión de escándalos políticos, así como la presión internacional para poner freno a la actividad de la mafia japonesa fue lo que llevó a la primera promulgación de la Bôtaihô.

A diferencia de Estados Unidos y Europa, Japón carecía de medidas específicas contra el crimen organizado. Por ello, el debate para crear esta normativa en el País nipón se centró en los modelos europeo y estadounidense. Tras su análisis se consideró que el modelo europeo, en el que se criminalizaba la pertenencia a grupos de delincuencia, atentaba contra las garantías constitucionales de libertad de asociación, por lo que fue descartado, poniendo así el foco de atención en la Racketeer Inspired and Corrupt Organizations Act (RICO) de Estados Unidos.

Segundo edificio de la Oficina Central del Gobierno Común, donde está la sede de la Comisión Nacional de Seguridad Pública.

Así, el objetivo final de la Bôtaihô es proteger a los ciudadanos comunes de las exigencias de la Yakuza (demandas de dinero por protección, subcontrataciones…). Para cumplir este objetivo, los grupos de la mafia son designados con el nombre de shiteibôryokudan, y son registrados individualmente por la Comisión Nacional de Seguridad Pública (en adelante, CNSP).

La Bôtaihô faculta a las CNSP a designar oficialmente a un grupo como bôryokudan si cumple los tres requisitos siguientes:[3]

1. Los miembros se sirven de la influencia del clan para adquirir cualquier tipo de beneficio.
2. Un determinado porcentaje del grupo tiene antecedentes penales.
3. Existe una jerarquía en el mando con un jefe a la cabeza del grupo.

¿Y qué conlleva esta designación oficial? Esta categorización es importante, pues, una vez designado, el bôryokudan queda sujeto a una serie de restricciones en su comportamiento que están recogidas en el artículo 9 de la Bôtaihô. Por consiguiente, si un miembro del bôryokudan realiza una actividad que infringe el artículo 9 de la ley, la víctima de ese acto puede notificarlo al CNSP, que emitirá una orden judicial que prohíba la actividad denunciada.

Sin embargo, no hace falta que los ciudadanos denuncien las actividades del grupo para que el CNSP emita estas órdenes judiciales, ya que también pueden actuar por su cuenta sin que exista ninguna notificación. Por ejemplo, pueden actuar contra las bandas que presionan a los menores para que se unan a sus filas, y también tienen permitido prohibir el uso de las oficinas de las bandas en momentos en los que existan conflictos entre algunas de ellas.[4]

Entre las diversas enmiendas realizadas a la Bôtaihô, la del año 2008 es la más significativa, ya que establece la responsabilidad de los ciudadanos que tienen conexiones con la Yakuza (por ejemplo, realizar transacciones comerciales o el pago a un miembro del grupo). Dado que uno puede ser acusado también por el pago del mikajimeryô (dinero por protección), esta ley resultó ser bastante controvertida.

Otras medidas para la lucha contra el crimen organizado

Otras de las normas existentes en Japón para la lucha contra la Yakuza son las Bôryokudanhaijojôrei (en adelante, Bôhaijôrei) o normas de exclusión. Estas se promulgaron en 2010 en la prefectura de Fukuoka, abriendo así el camino para su introducción en las 47 prefecturas restantes. Y, si bien su aplicación se extiende ahora a todo el país, este reglamento no es una ley nacional, por lo que puede variar y presentar diferencias en cada prefectura.

Uno de los cambios más significativos que introduce esta normativa es que los miembros o exmiembros no podrán, durante los próximos 5 años tras abandonar el grupo, inscribirse en un seguro, abrir una cuenta bancaria, firmar cualquier contrato o alquilar un apartamento, entre otros. Por estos motivos, las Bôhaijôrei han sido criticadas, ya que suponen una dificultad añadida para la reinserción a la sociedad de las personas que abandonan la mafia.[5]

Cabe mencionar también a este respecto que, si bien la creación de la Bôtaihô fue impulsada por una serie de escándalos y presiones políticas, los años anteriores a la promulgación de las Bôhaijôrei (en 2010) no se caracterizaron por ser extremadamente violentos y no estuvieron marcados por ningún acontecimiento trágico que justificara el refuerzo de la normativa. Por este motivo, cabría suponer que el aumento de las medidas restrictivas responde a la agenda política del gobierno, cuya intención era otorgar mayor poder y recursos a los cuerpos policiales, al mismo tiempo que centralizaba más el poder en manos del Estado. Esta teoría también podría verse corroborada por las tendencias autoritarias de la política del anterior primer ministro japonés, que ya en el 2016 consiguió ampliar los límites del estado de vigilancia mediante la introducción de la Kyôbôzai (ley anti-conspiración).

La reacción de la Yakuza ante la Bôtaihô

La mafia japonesa no quiso esperar a la aplicación de las medidas de la Bôtaihô y empezó a movilizarse antes de su aparición para poder minimizar el impacto que esta nueva ley tendría en sus actividades. Entre otras acciones, se retiraron los carteles de las bandas de todas las oficinas de los subgrupos y se ordenó que se crearan grupos para examinar las disposiciones de la normativa y poder hacerle frente. A su vez, se cortaron los lazos que existían entre la policía y los miembros de la Yakuza y se exigió una orden judicial siempre que la policía quisiera entrar a alguno de sus locales.

La Yamaguchi-gumi intentó establecer una mejor relación con los demás grandes sindicatos para minimizar el conflicto entre las bandas y evitar las complicaciones legales que supondría todo ello. Sin embargo, no parece que se llegara a un acuerdo en la forma de actuar, teniendo en cuenta los diferentes enfoques que cada uno de los grupos escogió ante la ley.

Las diferentes estrategias de los grupos pudieron observarse también ante los tribunales. Tanto Inagawa-kai, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai se mostraron a favor de la nueva ley, aceptando la decisión del gobierno japonés. Sin embargo, el grupo Yamaguchi-gumi y otros se opusieron a la Bôtaihô, alegando que atentaba contra la igualdad ante la ley y su derecho de asociación. Sin embargo, ninguno de los casos presentados tuvo éxito legal.

Yoshinori Watanabe era el jefe del clan Yamaguchi-gumi cuando la Bôtaihô fue creada. Lideró el grupo desde 1989 hasta el 2005.

El efecto de las restricciones en la Yakuza

Ahora que ya hemos visto la historia de la Yakuza, sus registros delictivos, su modus operandi y hemos realizado una aproximación a la política criminal japonesa, podemos decir que el modo de actuar de la Yakuza ha sufrido cambios debido a estas normas.

Las reformas introducidas por la Bôtaihô en la legislación promovieron un cambio radical en el entorno institucional en el que se movían estas organizaciones, haciendo que ese limbo o zona gris en la que solían actuar se estrechara y la situara en la esfera ilegal.

Este panorama legal, cada vez más restrictivo, junto con un prolongado estancamiento económico, ha tenido un fuerte impacto en la Yakuza, ocasionando que la capacidad de esta para controlar los mercados ilegales se erosione, y provocando que los miembros de bajo rango se vean en la necesidad de cometer actos delictivos depredadores que la Yakuza intentaba evitar antes de las restricciones. Asimismo, debido a las Bôhaijôrei, los miembros de estas organizaciones no han podido abandonar el submundo criminal, pues no existen programas de rehabilitación y no pueden optar a un seguro o a una vivienda.

Actualmente, escasea el número de jóvenes que desea unirse a la Yakuza, ya que los ideales románticos de los que presume esta organización no compensan la falta de beneficios económicos. Afectada por la crisis de vocación de los jóvenes y el envejecimiento de la población, la mano de obra de la Yakuza está en constante declive. Sin embargo, esto no es del todo positivo, ya que, como alternativa, los jóvenes considerados desviados crean sus propias bandas y se dedican a las estafas en línea y al fraude con tarjetas de crédito, u otros delitos no tan organizados.

Parece que la Yakuza, en su conjunto, pretende pasarse al lado legal del mercado al dejar de existir esa zona gris, ya que resulta más rentable, menos peligroso y les proporciona una reputación positiva. En algunos casos, como en el negocio de la eliminación de residuos y en el desmantelamiento, incluso se les anima a participar en ellos por ser los únicos dispuestos a realizar estas tareas peligrosas. No obstante, otra parte de la Yakuza se ve inmersa aún más en la esfera ilegal, sobre todo los miembros de más bajo rango, que no tienen la experiencia necesaria para dedicarse a formas sofisticadas de delincuencia. De este modo, se extingue la relación simbiótica entre la Yakuza y la Agencia Nacional de Policía Japonesa que, en cierto sentido, podía otorgar una estabilidad en el sistema del hampa.

Por lo tanto, podríamos decir que, si bien las reformas en la política criminal japonesa han tenido un efecto en la reducción de la actividad ilegal de esta mafia, consiguiendo la detención de muchos altos cargos y disuadiendo a los jóvenes de unirse a esta organización, en realidad, la Yakuza no está desapareciendo, sino evolucionando y desplazándose hacia otros ámbitos. La mafia nipona se ha diversificado y, aunque poco a poco vaya disminuyendo en tamaño y volviéndose más invisible, sigue estando presente en el mercado financiero y en el bajo mundo de Japón.

Para saber más:

• Hill, Peter, Bôtaihô: Japanese organised crime under the Bôryokudan Countermeasures Law, University of Stirling, 2000. Última visita 03/11/2021. Disponible aquí.
• Hill, Peter, “Heisei Yakuza: Burst Bubble and “Bôtaihô””, Social Science Japan Journal, 6, 1, 2003, pp. 1-18.
• Newsham, Grant Frederick, “Japan’s Yakuza – still alive, and yes, they do matter”, Japan Forum for Strategic Studies, 4, 26, 2019, pp. 938-950. Última visita 08/12/2021. Disponible aquí.

Notas:

[1] Noticia completa sobre la sentencia del 24 de agosto de 2021 disponible aquí.

[2] Traducción propia.

[3] Artículo 3 de la Ley de prevención de actos injustos cometidos por miembros de bôryokudan (Ley Nº77 de 1991), donde se mencionan los requisitos, disponible aquí.

[4] Artículo 9 de la Ley de prevención de actos injustos cometidos por miembros de bôryokudan (Ley Nº77 de 1991), donde se mencionan las restricciones, disponible aquí.

[5] Baradel, Martina. “Yakuza Grey: The Shrinking of the Il/legal Nexus and its Repercussions on Japanese Organised Crime”, Global Crime, 22:1, 2021, pp. 74-91.

Raquel Pérez (2 Posts)

Graduada en Criminología (2015, UPV/EHU). Experta Universitaria en antropología forense aplicada a los Derechos Humanos (2016, UNED) y en Criminalidad Organizada trasnacional y seguridad (2021, UNED). Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos (2016, UPV/EHU). Este año cursará el Máster Propio en Estudios Japoneses (Unizar). Actualmente es doctoranda en la Universidad del País Vasco.